lunes, 20 de octubre de 2014


SANT

O DOMINGO (R. Dominicana).- Unas cinco mil personas que se identifican como descendientes de los señores Jacinto Rosario y Juana Díaz, que vivieron en tierras de Cotuí a principios del siglo XX, reclaman al Estado y a la empresa minera Barrick Gold saldar una deuda histórica que ascendería a unos 1,500 millones de dólares.
Los Rosario, como se les conoce, exigen la indemnización con el argumento de haber sido despojados durante varias generaciones de los terrenos que les correspondería heredar.
Jonny Portorreal, representante legal del grupo, explicó que la historia del “abuso” en contra de esta familia se remonta a los inicios del régimen de Rafael Leonidas Trujillo (1930-61), quien se apropió de los terrenos en disputa de manera arbitraria.
El abogado apunta que, tras la muerte del dictador, el Estado dominicano debió devolver los bienes que Trujillo había robado a sus propietarios originales, pero en lugar de hacerlo, continuó acumulando la deuda con los herederos.
En la actualidad, los Rosario dicen ser unas 70 familias agrupadas en laAsociación de Familias sin Casas y sin Tierras (Afasincat). Según su representante legal, tienen una demanda interpuesta en el Tribunal Constitucional mediante la cual exigen formalmente que el Estado y la minera Barrick Gold, concesionaria de la mina de oro de Pueblo Viejo, en Cotuí, reconozcan sus derechos de propiedad sobre la tierra en litigio.
Además del conflicto por los terrenos, se quejan de la contaminación que genera la minera: “Llevamos más de 40 años aguantando la contaminación y los malos olores, los animales y los frutales están muriendo. Somos una población que ha sido reiteradamente abusada y nadie nos toma en cuenta”, afirmó Miguel D´Oleo, un joven que se identifica como descendiente de Jacinto Rosario.
Asimismo, acusan a Barrick Gold de ocupar “de manera abusiva” algunos terrenos y de desalojar a las familias sin presentar opciones para su reubicación.
Estos reclamos motivarán una movilización convocada para el próximo lunes 7 de julio que los demandantes han denominado “paro cívico”.

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