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En el municipio de Cotuí,
provincia Sánchez Ramírez, cientos de campesinos herederos de la familia
Rosario-Díaz diseminados por todo el país, se concentraron frente a las
instalaciones de la empresa minera Barrick Gold, reclamando el pago de los
terrenos ocupados por la multinacional.
Por más de treinta años, estos
campesinos han esperado la retribución económica por estos terrenos,
herencia que fue traspasada por sus antepasados, cinco generaciones atrás.
Se habla de alrededor de 1,500
millones de dólares, de las tres cuartas partes del todo el terreno que ha sido
explotado, de los cuáles serían beneficiadas más de cinco mil personas de
aproximadamente 40 familias, que permanecen luchando para recibir el pago de lo
que de antemano les pertenece.
El abogado Jhonny Portorreal es
el que les brinda a estas familias la asesoría legal, y quien en marzo del año
2013 interpusieron una demanda ante el tribunal de Cotuí solicitando todas las
parcelas que estaban dentro de la reserva fiscal minera, ganando esa demanda
incidental, aunque todavía está pendiente un recurso de amparo contra la
reserva fiscal minera en la Suprema Corte de Justicia.
Portorreal aseguró que el proceso
se ha dilatado tanto a causa del Estado, que según el, tiene una doble moral.
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